La batalla por la dependencia
Por fin un paso adelante en la lucha por la aplicación en la CAV de la llamada “Ley de la dependencia”. Tantos meses escuchando las quejas de los familiares de los dependientes, de ver su desesperación ante una administración cicatera e injusta, de lucha en solitario… que por fin, un pronunciamiento judicial nos devuelve la esperanza de obtener justicia y reparación. Os transcribo lo más interesante, a mi juicio, del artículo del Levante: (podéis leerlo íntegro en (http://www.levante-emv.com/comunitat-valenciana/2010/03/23/tsj-obliga-pagar-ayuda-dependencia-retroactividad/689939.html )
El fallo judicial es contrario a la política de la Consellería de Bienestar Social de denegar sistemáticamente las peticiones de aplicación retroactiva del derecho a percibir una prestación que reconoce la Ley de la Dependencia.
El pronunciamiento judicial desautoriza, a su vez, dos normativas legales de la Generalitat Valenciana: el decreto 171/2007 del Consell y el artículo 21 de la orden de 5 de diciembre de 2007 de la Conselleria de Bienestar Social que establecen "una fecha de efectos del derecho posterior a la fijada en la disposición final primera de la ley 39/2006 (de la dependencia)", según se recoge en los fundamentos de derecho.
El tribunal argumenta su decisión al observar que "la persona dependiente ya era beneficiaria de los servicios contemplados en la ley con anterioridad incluso a la fecha de presentación de la solicitud"… Detrás de este resultado final está la persistencia y el coraje de Diego Martín Gil, de 32 años, hermano de Emilia, que tras agotar la vía administrativa que concluyó con la denegación del derecho por parte del entonces conseller de Bienestar Social Juan Cotino se arriesgó a acudir a los tribunales para plantear su reivindicación.
La letrada María Luisa Mena Durán, que fue la representante legal de la familia Martin Gil, lleva en estos momentos otros dos procedimientos judiciales similares, aunque los dependientes que son atendidos por cuidadores familiares que podrían solicitar el pago retroactivo de la ayuda podría llegar a los dos mil, según expresó a Levante-EMV el presidente del Cermi, Joan Planells quien manifestó que la sentencia tenía un sabor agridulce. "Nos alegra ver que se reconocen unos derechos que hemos reivindicado y que la justicia nos haya ha dado la razón, pero lamento que se hayan vulnerado los derechos fundamentales de gran cantidad de personas que, por carecer de recursos, o no haber seguido el procedimiento administrativo y judicial se quedarán sin lo que les corresponde por ley", expresó Planells.
Un elemento determinante que ha hecho posible este final de justicia de un procedimiento que comenzó el 12 de febrero de 2007 cuando la familia Martín Gil presentó la solicitud fue la sagacidad de Diego -que se encargó de realizar todo el trámite- al negarse a firmar la conformidad de la prestación cuando se la autorizaron, en mayo de 2008.
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